Legisladores justicialistas denunciaron penalmente al gobernador Poggi por la intoxicación de alumnos en escuelas públicas, señalando falta de controles y negligencia en el suministro de alimentos.
Este martes 18 de marzo, legisladores justicialistas de ámbito nacional, provincial y municipal convocaron a una conferencia de prensa en el Bloque de Diputados del Partido Justicialista para anunciar la presentación de una denuncia penal contra el gobernador de la provincia, Claudio Javier Poggi, y otros funcionarios por la intoxicación de alumnos en escuelas públicas.
La diputada nacional Natalia Zabala Chacur, el diputado provincial Federico Berardo y el concejal Juan Martín Divizia fueron los principales oradores del evento. En sus declaraciones, destacaron que la denuncia ya ha sido presentada de manera virtual y se encuentra registrada bajo el número 52.236 La acción judicial busca que se investigue la responsabilidad del gobernador y otros funcionarios en el suministro de alimentos en mal estado a niños y adolescentes en instituciones educativas de la provincia.
Chacur señaló que al menos 60 personas fueron atendidas en el sistema público de salud debido a la intoxicación, aunque la cifra podría ser mayor, ya que algunos afectados podrían haber recibido asistencia en sus domicilios. Además, enfatizó la gravedad del hecho al destacar que hubo 20 niños internados y que se activó una alerta epidemiológica. “Estamos hablando de la salud de nuestros niños. No es un hecho aislado ni una casualidad. Esto responde a la falta de controles y a la negligencia en la aplicación del Plan Alimentario de Nutrición Escolar (PAN)”, afirmó.
Por su parte, Berardo recordó que la problemática con los alimentos escolares no es nueva y que desde el año pasado se han presentado distintos pedidos de informe y hasta una solicitud de interpelación al ministro de Educación, los cuales no obtuvieron respuesta. “Desde el bloque de diputados hemos agotado todas las instancias de acción. Ante la falta de respuestas y la magnitud de lo sucedido, era necesario acudir a la Justicia”, sostuvo.
Divizia hizo hincapié en las declaraciones del gobernador y del ministro de Educación tras la crisis sanitaria en las escuelas. “Quieren posicionarse como víctimas, pero los únicos damnificados aquí son los chicos. Ellos son los responsables de garantizar que los alimentos sean seguros y de calidad”, afirmó.
Asimismo, los legisladores denunciaron la falta de transparencia en la contratación de proveedores y la carencia de información oficial sobre la calidad y el control de los alimentos entregados en los establecimientos educativos. “No sabemos cómo se hacen las licitaciones, qué requisitos deben cumplir los proveedores o si están garantizando las condiciones básicas de higiene y seguridad alimentaria”, agregó Chacur, quien exigió la designación rápida de un fiscal para que la investigación avance con celeridad.
Por último, los legisladores reafirmaron su compromiso con el control del Ejecutivo y su lucha por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. “San Luis necesita que sus funcionarios asuman responsabilidades y dejen de buscar culpables donde no los hay. Es hora de que el gobernador Poggi y su gabinete den explicaciones y se hagan cargo de sus decisiones”, concluyeron.