Un informe privado detectó un fuerte crecimiento de los expedientes judiciales desde 2020, cercano al pico de 2017. Cómo es el accionar de los juzgados provinciales y los peritos que complica la situación de los juicios por accidentes y enfermedades laborales
En la previa del debate de la reforma laboral, que el Gobierno enviaría al Congreso en las próximas semanas, un informe privado reveló que el volumen de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales retomó niveles inéditos, siendo uno de los factores que más afectan la generación de empleo formal en la Argentina.
La estructura vigente del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina dejó al descubierto una nueva desconexión entre los siniestros reportados y las demandas efectivamente presentadas ante la justicia. Un reporte de Fundación Mediterránea mostró que mientras los registros de accidentalidad mantuvieron una tendencia descendente, el número de causas judiciales por cuestiones laborales avanzó con fuerza, generando no solo incertidumbre operativa en las empresas, sino costos crecientes asociados a la cobertura de las aseguradoras y presión directa sobre las alícuotas del sistema.
“Entre 2021 y 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales experimentó un marcado rebote, estimando al cierre de 2025 alrededor de 125.000 presentaciones, volumen semejante al máximo histórico de 2017″, remarcó el estudio. Este incremento se da en un contexto donde la siniestralidad descendió, lo que confirma que el motor del fenómeno no está en la ocurrencia de accidentes, sino en la estructura de incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia.
A la vez, la distribución territorial de las demandas mostró heterogeneidad estructural. Las tasas de juicios por cada mil asalariados varían de 0,1 en Salta hasta 24 en Santa Fe y 23 en San Luis, con lo cual se verifican grandes diferencias en cada distrito. El sector empresarial identificó este fenómeno como una arbitrariedad territorial que afecta los principios de igualdad legal y incrementa la incertidumbre para quienes desarrollan actividad económica en las distintas jurisdicciones.
Las provincias con más causas
El análisis de los registros precisó que nueve provincias concentran aproximadamente el 80% del total de juicios del sistema. Al comparar 2025 con el año anterior, en las provincias más relevantes la mayoría registró incrementos en la cantidad de causas iniciadas, siendo particularmente marcado el aumento en Santa Fe, San Luis y Chubut. La tendencia afecta la previsibilidad y la gestión de los riesgos laborales en todo el territorio nacional.
Para la Fundación Mediterránea, las explicaciones al crecimiento de la litigiosidad convergen en el modo en que las justicias provinciales gestionan sus procedimientos periciales médicos. “En varias provincias aún rige un esquema en el cual el perito judicial surge por sorteo de una lista de médicos inscriptos para realizar pericias. En algunos casos —aunque no en todos—los honorarios de los peritos judiciales no están fijados en función del trabajo realizado, sino que se calculan como porcentaje de la incapacidad determinada, lo que genera una tendencia sistemática al sobrediagnóstico”, marcaron.
Asimismo, sumaron que muchas veces son profesionales que “no cuentan con especialización en la valuación del daño laboral ni capacitación específica en la temática y no existen mecanismos sistemáticos de monitoreo de su desempeño; pero la distorsión más grave la genera el hecho de que el procedimiento vigente los obliga a efectuar una nueva evaluación del trabajador en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica”.
En 2017, la Ley 27.348 introdujo la figura de los Cuerpos de Peritos Médicos (CPM), cuyas bases radican en la selección por concurso, profesionalización, especialización y monitoreo, sumado a esquemas salariales acordes y la obligación estricta de revisar técnicamente el dictamen previo de la Comisión Médica. Sin embargo, la aplicación concreta de esta ley ocurrió sólo de forma parcial en el territorio nacional. Según observan fuentes referenciadas por Infobae, en la mayoría de los distritos continúan vigentes las condiciones que incentivan a los trabajadores a recurrir a la vía judicial.
El efecto económico de estos comportamientos impacta en la estructura de costos de la cobertura de riesgos laborales. La cuota que empresas pagan a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), representada como porcentaje de la masa salarial, combina dos elementos principales: el riesgo real inherente a la actividad y el costo judicial esperado por la litigiosidad. Cuando este último se desacopla de la siniestralidad registrada, la estructura de costos se ve alterada y el riesgo judicial predomina sobre el riesgo objetivo de accidentes reales.
En esta sintonía, la evolución histórica de la alícuota del sistema refleja la relación directa con los niveles de litigiosidad. Entre 2010 y 2016, los registros demostraron que mientras la siniestralidad bajó, el promedio de la alícuota ascendió de 3,20% a 3,46% sobre la masa salarial. Con la sanción y puesta en marcha de la Ley 27.348 y la caída en la judicialización, los años posteriores mostraron una baja paulatina en las primas del seguro. No obstante, a partir de 2021 y 2022, el retorno de la litigiosidad aceleró la suba de las alícuotas impulsadas por la masificación de juicios, lo que distorsionó el equilibrio actuarial del sistema.
“El aumento de las alícuotas justifica la preocupación y reclamo de los empleadores. Pero en la medida en que estos incrementos alcanzan para cubrir sólo parcialmente el impacto financiero de la judicialización la sostenibilidad del sistema se está erosionando. Las recientes disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación estableciendo, ante una situación de déficit financiero, una inhibición general de bienes sobre una ART alerta sobre posibles riesgos sistémicos”, concluye el reporte.
Informes actuales estiman que los juicios explican actualmente cerca de un tercio de la alícuota total, cuestionando la viabilidad financiera de la cobertura a futuro. Las ART trasladaron estos mayores costos a sus clientes, lo que derivó en que las empresas abonen porcentajes más altos sobre su masa salarial, pero ya no para cubrir accidentes efectivos sino para enfrentar la exposición al riesgo judicial y las consecuencias económicas de la disparidad territorial en las tasas de litigiosidad.
En agosto de este año, el promedio de las alícuotas pagadas por los empleadores alcanzó el 2,9% de la masa salarial. A pesar del aumento, la suba sólo compensa parcialmente el impacto financiero derivado de la judicialización. Esto deja a la sostenibilidad del sistema expuesta ante episodios de alta conflictividad o variaciones bruscas en las condiciones macroeconómicas del país.
La preocupación creció dentro del sector empresario tras la decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación de establecer la inhibición general de bienes sobre al menos una ART frente a una situación de déficit financiero. Esta medida encendió una nueva alerta sobre el riesgo sistémico generado por la judicialización y la insuficiencia de las alícuotas para mantener la estabilidad operativa y financiera del sistema de riesgos del trabajo.