El Ejecutivo, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley migratoria. Lo que se sabe hasta ahora. Los antecedentes provinciales con relación a la política en salud
El reciente anuncio del gobierno nacional sobre el arancelamiento del servicio de salud y de educación universitaria para los estudiantes extranjeros no residentes tomó por sorpresa a las autoridades de ambas áreas.
En el ámbito académico, hay escepticismo con relación a la propuesta de reforma del régimen migratorio que comunicó el vocero presidencial. Diferente es la situación en el ministerio que conduce Mario Lugones: se trata de una iniciativa que surgió en el contexto de las medidas ya implementadas por las provincias de Salta, Santa Cruz, Mendoza y, más recientemente, Jujuy, que comenzaron a cobrar por la atención médica a ciudadanos de otros países que no residen en Argentina.
Con relación a las universidades nacionales, Adorni señaló que podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros, con el fin de generar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Aunque el vocero se refirió especialmente a las carreras de Medicina, donde un 30% de los estudiantes son extranjeros en algunas universidades, los datos oficiales revelan que los estudiantes internacionales representan solo el 4,3% de la matrícula total en las universidades públicas, y alrededor del 3,9% en las carreras de grado.
A pesar de que la medida afectaría a aproximadamente 79.800 estudiantes extranjeros en Argentina, la implementación de aranceles no es una novedad. Durante la crisis presupuestaria en el sector educativo, el gobierno había propuesto esta alternativa como una posible solución a los problemas financieros de las universidades. Sin embargo, esa propuesta fue descartada en 2023 por el Congreso.
El anuncio generó resistencia dentro del sector universitario, que cuestiona tanto la viabilidad de los aranceles como la definición de “extranjeros no residentes”. Según las normativas vigentes, para poder inscribirse en una universidad argentina, los estudiantes deben residir en el país y tener DNI argentino, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación de esta medida. Además, algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, no estaban al tanto de los planes del gobierno, lo que generó malestar entre los rectores.
La mayoría de los estudiantes extranjeros proviene de países vecinos como Brasil, Perú y Paraguay, además de un porcentaje considerable de estudiantes provenientes de otras naciones de América Latina.
Contra los “tours sanitarios”
El otro punto de la reforma migratoria avanzará en el cobro de servicios de salud a extranjeros no residentes en el país en los hospitales, en sintonía con la medida que ya aplican provincias como Salta, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy.
De acuerdo al anuncio formal, las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales serán las encargadas de establecer las condiciones de acceso al sistema de salud. Según se informó, la experiencia de Salta podría servir como modelo para la implementación de estas nuevas medidas a nivel nacional.
“Allí se generó un ahorro de 60 millones de pesos. También mejoró atención para el resto de los ciudadanos residentes en nuestro país. Nos despedimos de los tours sanitarios”, aseguró Adorni en su conferencia de prensa.
La provincia gobernada por Gustavo Sáenz estableció un tarifario detallado que incluye cobros sustanciales por servicios como internación y tratamientos especializados, lo que derivó en una disminución de los llamados “tours sanitarios”. Dicho tarifario se actualizó con una suba del 20% en septiembre último.
El Ministerio que conduce Mario Lugones fundamentó la decisión del gobierno en que “el acceso gratuito al sistema sanitario argentino por parte de migrantes que no poseen un interés en asentarse y desarrollarse en el país no resulta una práctica que guarde algún beneficio para nuestra sociedad ni encuentra resguardo a la luz de la Constitución Nacional”.
Una vez que se conozca el texto del proyecto que se enviará al Congreso se podrá establecer si esta decisión quedaría enfrentada con los esfuerzos de descentralizar el sistema de salud que ha venido proclamando la administración nacional, en busca otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones para tomar decisiones sobre la gestión de los recursos y servicios sanitarios en sus respectivos territorios.
Ya durante la administración de Mario Russo se había enfatizado en la necesidad de que la cartera nacional ejerza un rol de rectoría, actuando como un gran coordinador que solo brinde lineamientos a las carteras sanitarias de cada jurisdicción, lo que implica considerar las prioridades con una perspectiva federal, ya que las necesidades de salud varían significativamente entre regiones como el NOA, el NEA y la zona centro del país.
Según el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, estas medidas “carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento. Ayer (por el lunes) estuvimos con los ministros de Salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada”. Y advirtió: “No cuenten con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio”.
Según datos aportados por Kreplak, en el sistema público de salud bonaerense solo el 0.2% de las consultas y el 0.8% de las internaciones corresponden a extranjeros, un porcentaje que es diferente al de los distritos limítrofes con otros países, especialmente el caso de los del norte. En cambio, para la cartera sanitaria nacional el cobro de aranceles a extranjeros no residentes “es un proceso que se viene implementando bien en algunas jurisdicciones.
Y en referencia a la situación de naciones fronterizas, el vocero estimó que, “producto de las problemáticas que exhiben las políticas sanitarias en algunos países extranjeros, se ha instalado como una práctica común que sus residentes acudan al país únicamente a fin de acceder al sistema de salud pública de forma gratuita y luego retornar a sus países de origen”, que es lo que, según la cartera, buscará evitar la nueva norma.