Los múltiples casos de intoxicación en las escuelas Pancha Hernández y La Rioja motivaron a una presentación judicial clave, que apunta a investigar el trasfondo de un “rompecabezas” lleno de impericias.
La situación por el PANE en la provincia es gravísima. No es una opinión, ni una mirada subjetiva. Así lo arrojan los hechos, que indican que más de 60 chicos de las escuelas Pancha Hernández y La Rioja, resultaron intoxicados por comida en mal estado. Y como si fuera poco, todo se trazó en el marco de una serie de denuncias de los tutores, que fueron absolutamente ignorados por las autoridades. Recientemente, legisladores justicialistas nacionales, provinciales y municipales, presentaron una denuncia contra el Gobernador ante el Ministerio Público Fiscal. Delitos contra la seguridad y la salud pública, conforman el eje de la misiva.
Para comprender, estos delitos se encuadran en el título VII, capítulo IV del Código Penal, en particular lo que se tipifica en los artículos 200 y 201, donde refiere a “envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas”. Del mismo modo, apuntan a los hechos contra la administración pública, contemplados en el título XI, capítulo IV del Código Penal, particularmente los tipificados en los artículos 248 y 249, sobre abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos, artículo 174, inciso 5 (estafa o fraude contra la administración pública); artículo 106 (negligencia o abandono de persona) y artículo 173 (que regula distintos tipos de defraudaciones).
Estas violaciones normativas serían imputables al Gobernador y/o al actual Ministro de Educación, sumado a los demás funcionarios y/o particulares proveedores del estado o los responsables de elaborar, transportar, distribuir, conservar, recibir, entregar y controlar bromatológicamente los alimentos en cuestión. Incluso podría alcanzar a aquellas personas que el criterio del agente Fiscal determine.
La gravedad de la “omisión”
Todos los sectores de la sociedad que se plantaron frente a la problemática del PANE, coinciden en que la gravedad de la cuestión radica en la “omisión” del Estado frente a las diferentes denuncias de los tutores, que durante todo el 2024 develaron distintas problemáticas con los alimentos. De igual modo, el Gobierno fue advertido por diputados y concejales, pero nunca se escucharon los reclamos.
Para los legisladores justicialistas, esto reviste un “accionar consciente del Estado provincial en perjuicio de los alumnos y alumnas, docentes y personal”.
Al mismo tiempo, cuestionaron duramente la postura de las autoridades, que lejos de asumir responsabilidades intentaron desviar el asunto, sugiriendo que hubo “sabotaje”, es decir, que alguien adulteró la comida con la intención de obtener algún rédito. Un verdadero disparate y un golpe bajísimo en pos de deslindarse responsabilidades.
Crece la “desconfianza”
Después de los terribles incidentes, una buena parte de los tutores de los estudiantes de diferentes escuelas de la provincia, se mostraron muy preocupados por la calidad de las viandas. No quieren que sus hijos sean víctimas de las impericias de las autoridades. En ese sentido, diferentes grupos de WhatsApp fueron testigos de las quejas.
Madres y padres plantearon la necesidad de hablar con los respectivos directivos para que sus hijos “no reciban la comida”. Algunos, de hecho, desde el año pasado optaron por desistir del beneficio por propia voluntad (siempre motivados por la falta de control y las acciones soberbias del Gobierno). Otros prefirieron que los alumnos continúen recibiendo el PANE pero solicitaron “supervisar” la entrega, asegurándose de la calidad de los alimentos. “Con los chicos, no”, resuena en los pasillos de los colegios.
Hay malestar por todo lo que implica la desconfianza, pero es entendible la rabia colectiva, fundamentalmente ante un Gobierno que en vez de buscar la verdad y bregar por la salud de los chicos, prefiere apuntar con el dedo y sembrar dudas que son improbables e ilógicas. Habrá que ver la evolución de la denuncia penal y cómo se desarrolla la investigación de los hechos. Por lo pronto hay una verdad clarísima: por una serie de falencias, impericias e irregularidades, chicas y chicos de San Luis sufrieron consecuencias gravísimas en su salud.