El funcionario del anterior Gobierno denunciado por enriquecimiento ilícito tiene un plazo de 30 días hábiles para demostrar el origen legítimo de sus bienes.
Nicolás Anzulovich, último ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, deberá justificar el aumento de su patrimonio entre el periodo 2019-2023 con la presentación de la declaración detallada de sus ingresos, deudas, bienes inmuebles, muebles registrables, cuentas bancarias, activos financieros, participaciones societarias, fideicomisos y cualquier otro bien.
Así se desprende de una resolución judicial que intimó al ex funcionario a atender el requerimiento en un plazo de 30 días hábiles. La medida fue firmada en la antesala de la Navidad por el fiscal N° 1, Francisco Assat Alí.
El 7 de junio de 2023, el entonces ministro y esposo de la senadora nacional, Eugenia Catalfamo, fue demandado por la trabajadora del Plan de Inclusión Social, Alicia Noemi Toribio por enriquecimiento ilícito. Apenas asumió el nuevo Gobierno, la fiscalía de Estado se constituyó como querellante en la causa.
La ostentación de sus suntuosos gustos lo dejaron al descubierto. El disparador había sido la viralización de una foto exhibiendo una KTM arriba de una Maverick en la puerta de la concesionaria Motosport de San Francisco, Córdoba, que se ocupó de subir la imagen el 10 de mayo de mayo a sus redes sociales. Pocos días después a instancias de una revelación periodística se conoció la flota de SUV y camionetas que formaban parte de la colección y una lujosa vivienda de fin de semana en el exclusivo barrio privado “Refugio en el Lago” en La Florida.
Anzulovich dio sus primeros pasos en el mundo laboral con un cibercafé cuando tenía 20 años, siendo esa su única actividad registrada como autónomo. En el 2004 ingresó como empleado del Poder Judicial donde fue secretario general del gremio y en el 2013 asumió como jefe de Programa de Innovación Tecnológica en el Gobierno provincial.
El ex ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich posando con vehículos. (Fotos redes sociales)
En el segundo ciclo de Alberto Rodríguez Saá hizo una meteórica carrera como director del Ente de Control de Rutas, coordinador General de Dosep y en las elecciones de 2021 fue electo diputado provincial por el kichnerismo, función en la que estuvo apenas unas semanas porque el 23 de diciembre de ese año asumió en el ministerio de Desarrollo Social en el que permaneció hasta el 9 de diciembre de 2023.
Sus ingresos de funcionario público de alto rango eran equivalente, e inclusive inferior, a un sueldo normal de un gerente o administrador de una empresa privada. Eso significa ingresos de entre US$1.500 a US$2.000 mensuales.
Se considera que el incremento patrimonial no estuvo en línea con el sueldo de ministro.
En la causa se han incorporado informes de oficios a bancos, Registro Automotor y de la Propiedad Inmueble y AFIP.
El 9 de mayo se incluyó en el expediente un informe exhaustivo sobre las inconsistencias “graves y visiblemente notorias” sobre lo que percibía Anzulovich en concepto de remuneración, lo cual no guarda relación con los bienes registrables que sumó a su patrimonio.
