La norma, que también alcanza a los heridos, sienta un precedente donde se reconocen a las víctimas de la guerrilla, en hechos ocurridos en democracia
En un hecho inédito, el gobierno de Javier Milei otorgará indemnizaciones económicas a los familiares de los que murieron en defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio Warnes” de Formosa, así como a los que resultaron heridos, cuando fue atacado, en pleno gobierno constitucional por la organización terrorista Montoneros.
Tal como fue publicado en el Boletín Oficial del día de hoy, en la Resolución 1023, firmada por Luis Petri, ministro de Defensa, están contemplados tanto los fallecidos como los que sufrieron “lesiones gravísimas o graves”.
El atentado en cuestión se produjo el domingo 5 de octubre de 1975 cuando una treintena de montoneros ingresó con ayuda de un soldado infiel a dicha unidad militar en busca de armas y con el propósito de provocar un impacto psicológico y político en la opinión pública.
Los agresores la llamaron “Operación Primicia”, en lo que sería el estreno del uniforme azul del ejército montonero, al mando estaba Raúl Clemente Yaguer, alias “Roque”, número 4 en la línea de conducción de la organización terrorista.
Como resultado del violento ataque, perdieron la vida el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria, y los soldados Antonio Arrieta, Heriberto Ávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torantes, Alberto Villalba y Hermindo Luna. Durante el escape en el aeropuerto, los montoneros asesinaron al policía Nerio Argentino Alegre. También murieron tres civiles, ajenos a la acción.
Gobernaba María Isabel Martínez de Perón aunque del 14 de septiembre estaba en un inexplicable retiro en la localidad cordobesa de Ascochinga, en medio de un descalabro institucional. Al frente del Ejecutivo estaba Italo Luder. El lunes 6 dio a conocer los decretos 2770, 2771 y 2772 que creaba un Consejo de Seguridad Interior y se especificaba la orden de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, en todo el territorio argentino.
Un largo peregrinar
De esta forma, se cierra un largo capítulo que comenzó por 2010 cuando comenzaron a presentarse diversos proyectos en el Congreso que contemplaban indemnizaciones para los que habían participado “en el hecho histórico más significativo e importante de Formosa”, como aseguran sus protagonistas.
Días antes de dejar el gobierno, el presidente Mauricio Macri había firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia 829, reconociendo las indemnizaciones a los familiares de los soldados caídos y para los que hubieran sufrido heridas gravísimas o graves. Entre los fundamentos, se señala “mitigar el dolor, la angustia, la tristeza y la impotencia sufrida por tantos años de olvido”, y destaca que “recordar y honrar a estos valientes hombres de la Patria es una responsabilidad y obligación del Estado Nacional”.
Sin embargo, durante el gobierno de Alberto Fernández “no hubo voluntad política para efectivizarlo”, señaló a Infobae Mario Arce, un ex diputado nacional formoseño, autor de un proyecto que contempla un proyecto aún más amplio, con indemnizaciones para la totalidad de los soldados que defendieron el cuartel.
Aquellos soldados, que cumplían con el servicio militar obligatorio, con los años formaron un centro de veteranos en una casa que el gobierno les cedió en el Barrio Parque Urbano. Participan de las conmemoraciones que se realizan en el regimiento, donde aún hoy pueden apreciarse el edificio de la guardia acribillada a balazos.
Con 70 años cumplidos, a ocho de ellos fueron distinguidos en aquel año por su “valor y arrojo”con medalla y diploma entregados en un acto oficial en el regimiento y fueron premiados con la baja. Reciben el cariño y el reconocimiento de los formoseños, donde el trágico hecho es valorado en su justa dimensión. Tienen un denominador común: ellos sostienen que hace 49 años que conviven con el dolor y la injusticia por no ser debidamente reconocidos. Sienten que ellos defendieron la Patria y que arriesgaron sus vidas, y que muchos arrastran secuelas físicas y psicológicas.
Además, hay denuncias presentadas ante la justicia, ya que existen sospechas de que familiares de atacantes que murieron en la acción, habrían cobrado indemnizaciones como víctimas del terrorismo de Estado y los nombre de muchos de ellos habían sido incluidos en el Parque de la Memoria.
Hace años luchan para que este hecho sea incorporado a la currícula escolar y que se arme un museo alusivo. Para ellos, la indemnización es un eslabón más de una larga cadena, donde se entrelazan años de reclamos, sentimientos encontrados de aquellos hombres que viven convencidos de haber defendido a la patria.