Con más de 50 alumnos con síntomas, el Gobierno suspendió al proveedor recién tras el brote. El PANE sigue sin esclarecer causas y opera con poca transparencia.
La aparición de más de 50 casos de gastroenteritis en niños de Luján volvió a encender las alarmas sobre el sistema alimentario escolar en San Luis. Recién después del brote, el Gobierno suspendió al proveedor implicado y activó protocolos de emergencia, dejando en evidencia una estructura que reacciona ante la crisis pero no actúa para prevenirla.
El episodio comenzó el miércoles por la tarde, cuando ingresaron al hospital local cinco pacientes con síntomas gastrointestinales tras consumir alimentos provistos en el ámbito escolar. Con el correr de las horas, y ya durante la madrugada del jueves, la cifra trepó a 51 personas, en su mayoría menores de edad. Fue recién entonces cuando se declaró la “alerta amarilla” y el Estado intervino con refuerzos médicos y traslados.
Todos los niños afectados pertenecen a dos escuelas de Luján que reciben alimentos del mismo proveedor: Néstor Pérez, un empresario incorporado al PANE en julio del año pasado. Sin embargo, el Gobierno nunca dio a conocer públicamente los criterios de selección ni la lista completa de proveedores que prestan servicios en el programa. Esta falta de información refuerza las sospechas sobre la opacidad con la que funciona el sistema de alimentación escolar.
“Estamos sumamente ocupados y preocupados”, expresó la secretaria del PANE, Eugenia Gallardo, quien intentó transmitir tranquilidad, aunque reconoció que recién ahora se están aplicando medidas de trazabilidad sobre los ingredientes y la temperatura de entrega de las comidas. “Estamos gestionando conservadoras de acero inoxidable para garantizar que los alimentos calientes se mantengan en condiciones adecuadas”, detalló, admitiendo de hecho que antes no existía ese control.
La directora de Medicina del Interior, Stella Maris Esnaola, intentó relativizar la situación asegurando que “hubo un adulto que no comió esos alimentos y presentó síntomas”, pero reconoció que todas las instituciones afectadas compartían proveedor. Aun así, los informes preliminares ya indican cuadros de gastroenteritis provocados por contaminación alimentaria.
Por la falta de capacidad del hospital local, varios niños debieron ser trasladados a hospitales de San Luis, Quines y San Francisco del Monte de Oro. Mientras tanto, el proveedor quedó suspendido de manera preventiva, pero sin que el Estado explique qué falló en los controles previos.
Buena Esperanza: otro episodio bajo sospecha
En paralelo, un grupo de adolescentes fue internado en Buena Esperanza tras ser retirado por sus tutores de un establecimiento educativo. El Ministerio de Salud descartó intoxicación por alimentos o fuga de gas, pero la causa aún no está clara y se investigan posibles sustancias psicoactivas.
Un equipo de profesionales del Hospital de Salud Mental fue enviado a la localidad para asistir a los chicos, pero las muestras aún están siendo analizadas y no se ofrecieron resultados concretos.
Un sistema opaco y poco profesional
Ambos casos exponen la debilidad estructural de un programa que opera sin transparencia, sin controles visibles y sin instancias de rendición de cuentas. A pesar de su importancia para miles de estudiantes en toda la provincia, el PANE no publica su nómina de proveedores ni establece mecanismos de evaluación pública sobre calidad, salubridad o cumplimiento de normas.
Mientras los funcionarios intentan dar explicaciones tras los hechos, las comunidades escolares vuelven a pagar el costo de un Estado que prioriza el control político del programa antes que el bienestar de los niños.