Una cadena de rumores, desmentidas y movimientos internos sacude a la Policía de San Luis tras la circulación de denuncias contra altos jefes y una ola de renuncias en la cúpula.
Desde la mañana del sábado 17 de mayo comenzaron a circular en redes sociales una serie de publicaciones que desataron un vendaval de rumores en torno a la Jefatura Central de Policía de San Luis. La más explosiva, publicada por el usuario Mi Reino Mis Reglas, afirmaba que la Policía Federal Argentina había intervenido con custodia la oficina de un comisario general a cargo de una Dirección General, por presuntas denuncias de violencia de género y coimas.
La información fue acompañada de una imagen de una oficina con cintas de seguridad en la puerta, sumando tensión al escenario. Sin embargo, horas más tarde, la propia Superintendencia de Agencias Federales desmintió la noticia mediante un comunicado interno, calificándola como “fake news”. Aunque la veracidad de dicho comunicado no fue respaldada por ninguna fuente oficial. Según el texto, no hubo intervención alguna ni requerimiento judicial por parte de la fuerza federal.
A pesar de la desmentida oficial, fuentes extraoficiales indican que en la sede de la Jefatura la situación es caótica. Oficinas fajadas, personal de distintas áreas siendo convocado a declarar, y una serie de movimientos jerárquicos que alimentan las sospechas. De acuerdo a comunicaciones internas que circularon en grupos policiales, se encuentran en disponibilidad dos comisario más, mientras que el Jefe de Policía y el Sub Jefe habrían presentado sus renuncias.
Otra versión, también difundida por redes, sugiere que desde el Ministerio de Seguridad se habría intentado presionar a medios para controlar la circulación de la información. “¿El jefe de prensa del ministerio volará también? Ya salió a apretar medios”, publicó la cuenta Voces Puntanas San Luis.
Incluso no hay información oficial respecto de la situación del comisario general Juan Carlos Leyes. Algunas fuentes dicen que quedó al frente de la Dirección General de Recursos Humanos (DG1), al menos hasta nueva disposición.
Mientras tanto, la desinformación, los silencios institucionales y la circulación de chats entre personal policial profundizan el desconcierto. No hay, hasta el momento, una declaración pública del Ministerio de Seguridad ni del jefe de la Policía provincial.
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