De quién es el alias donde debían llegar los 510 millones de pesos y no a la cuenta personal de Verónica Acosta que por ahora zafó de ir a prision y respira
La tensión que rodeaba a Verónica Acosta y otros cinco imputados por la escandalosa transferencia de 510 millones de pesos comenzó a disiparse este miércoles tras la audiencia de apelación. El fiscal de instrucción Maximiliano Bazla y el abogado querellante del Gobierno decidieron no insistir con la prisión preventiva ni con la fianza de 30 millones por cabeza. En su lugar, solo pidieron cauciones reales más livianas.
La defensa, a cargo del abogado Hernán Echevarría, celebró el giro: “Ya no se pidieron las sanciones más gravosas. Es una señal de que algo empieza a entenderse. Mi defendida está en libertad y con sus hijos. Eso es lo más importante”.
Los rostros de las acusadas —todas familiares entre sí— reflejaban más que alivio. Había llanto, agradecimiento y también bronca contenida. “Partamos de la base de que todas tienen hijos menores, algunas estaban amamantando, hay niños con discapacidad. La familia pensaba que se iban al penal y hoy pudieron volver a abrazarlos”, remarcó Echevarría.
El abogado hizo hincapié en que sus defendidas no buscaron esta situación. “A ellas las pusieron ahí. Desde el primer momento trataron de colaborar, pero lo que pasó ese día nadie lo entendía. ¿Cuánta plata era? ¿Por qué todo a una sola cuenta?”.
La audiencia dejó claro que los 510 millones —que debían ser distribuidos entre cientos de beneficiarios— habían sido enviados a una única cuenta bancaria. Y ahí resurge el enigma: ¿quién es “Rata”, el alias del supuesto receptor? Las versiones que circulan en Tribunales son inquietantes: desde una maniobra para hacer rendir intereses, hasta un desvío con fines electorales.
Desde el Gobierno, el discurso también cambió. El tono agresivo de los primeros días fue reemplazado por una defensa tibia, sin documentos. El funcionario Tino Valenzuela, uno de los primeros en salir a hablar, ya no aparece. Y el dato más llamativo: hasta ahora nadie mostró el decreto, la resolución o la orden de pago que habilitó semejante movimiento. Tampoco explicaron para quién era ese dinero, ni por qué lo transfirieron a una cuenta personal a menos de una semana de las elecciones.
El Tribunal de Impugnación tiene ahora diez días hábiles para resolver el planteo de la defensa. Mientras tanto, la investigación continúa y hay un nuevo plazo de cuatro meses para desentrañar el recorrido del dinero.
Echevarría, que conoció a las seis imputadas el día que fueron detenidas durante los allanamientos, cerró su declaración con una frase que resume el momento:
“Primero logramos sacarlas de la cárcel. Ahora sacamos de escena los 30 millones. Vamos por el buen camino”.