Ariel Strajman tenía 27 años cuando fue raptado mientras entraba al garaje de su edificio en Villa Urquiza. Su caso marcó un cambio del mapa delictivo: bandas sin prontuario, de jóvenes de barrios acomodados con una crueldad metódica. A más de veinte años, su historia sigue siendo un espejo incómodo de la violencia de aquellos años. El encuentro a solas con él a la distancia
“Si a Maradona le cortaron las piernas en el Mundial de Estados Unidos, a mí me arrancaron el corazón, la mente, todo”, me confió en la única entrevista que dio Ariel Strajman, sentado en el living del departamento de su familia en Villa Urquiza, casi un par de años después de que una banda improvisada pero feroz lo secuestrara y le amputara el dedo meñique de su mano derecha para cobrar el rescate.
Estaba triste, pero firme y con mucha bronca acumulada: “Pedí pena de muerte y al cabecilla le dieron 22 años. ¿Qué diferencia, no? Estas cosas incentivan para irse del país. Después de saber el veredicto quedé arruinado. Me cortaron un dedo y me anunciaron que después venía la mano. Y que me despedazarían lentamente, mientras me llamaban ‘judío de mierda’ y se reían. Después me quemaron el pecho y los labios con encendedores y me colocaban jamón en la boca y me daban alcohol para emborracharme. Estaba atado de pies y manos, me dieron pastillas de Lexotanil para dormir. En el juicio aseguraron que no hicieron nada de eso. Y Adrián Sommaruga se solidarizó con mi familia en el debate oral. Ahí me paré y me fui a la mierda, para no armar un quilombo y terminar preso yo. Sentí que en ese fallo se me fue la vida y el futuro”.
Las frases no fueron en caliente, sino en una charla en la que intentó poner en palabras el hueco que dejó aquel rapto que lo convirtió, sin quererlo, en símbolo de una época de violencia social contenida. Su historia, como la de tantos otros secuestros exprés de comienzos de los 2000, mezcló juventud, impunidad y un nivel de planificación que asombró incluso a los investigadores más experimentados, más allá de los errores garrafales que los delincuentes cometieron.
Ocurrió el 16 de octubre de ese año. Strajman, de 27 años, empresario, hijo de joyero, llegaba a su departamento. Fue interceptado por un grupo armado que lo subió a un auto y lo trasladó hasta una casa cercana ubicada en la calle Holmberg, que luego se comprobó era de la familia Sommaruga, de donde provenían la mayoría de los componentes de la banda. A patadas y empujones le hicieron bajar una escalera resbalando en cada peldaño hasta un sótano donde lo ataron tan fuerte que apenas podía respirar.
Lo encadenaron de pies y manos. Después lo llevaron a otra vivienda en el Complejo La Josefina, en la esquina de Tulipanes y Las Glicinas en la ciudad de Pilar, lugar donde lo mantuvieron encerrado y lograron cobrar un primer rescate, algo así como mil dólares, seiscientos pesos y alhajas. Y como les salió bien intentaron pedir más dinero.
Durante los días siguientes, lo golpearon, lo humillaron y, para demostrarle a su familia que hablaban en serio, le cortaron el dedo meñique de la mano derecha. Esa imagen dentro de una bolsa la recibió su familia exigiendo un rescate de 30 mil dólares, y luego recorrió oficinas policiales, redacciones y despachos judiciales. Era el símbolo de una crueldad que ya no tenía fronteras de clase. “Esto que vas a sufrir no se compara ni con el Holocausto”, lo torturaban.
Las llamadas eran constantes, con tono burlón y precisión militar. Algunos trabajaban como patovicas en boliches de la zona norte, otros estudiaban carreras universitarias. Su presunto líder, Pablo Sommaruga, había sido custodio en locales nocturnos y mantenía contactos con el ambiente del fisicoculturismo. Los investigadores descubrieron que no se trataba de una banda común: no había delincuentes históricos, sino una mezcla de soberbia y amateurismo que, en conjunto, resultó devastadora.
El secuestro duró once días. Ariel fue liberado tras el pago de un rescate parcial y un operativo encubierto de la Policía Federal. Llegó al hospital deshidratado, con el cuerpo lleno de hematomas y la mano. “No sé cómo voy a volver a dormir”, reflexionó mirando al piso. Los médicos le explicaron que el dedo no se podía reimplantar, tampoco la vida anterior.
La investigación fue un rompecabezas. Los secuestradores habían dejado rastros en los teléfonos, en las cabinas y hasta en los billetes del rescate. Cayeron uno a uno. Cuando se conocieron sus identidades, la sorpresa fue general: jóvenes de entre 25 y 35 años, sin antecedentes, con buen aspecto y vínculos sociales. Los medios los bautizaron como “La banda de los patovicas”, aunque en el expediente figuran como una “asociación ilícita dedicada al secuestro extorsivo”.
Venían cometiendo delitos en la zona aledaña de Saavedra y Villa Urquiza. Pero la sensación de impunidad con que se movían los llevó a cometer errores, algunos garrafales, como utilizar el mismo teléfono para hacer las llamadas para pedir las sumas de los rescates, por lo que rápidamente se identificó el número de un celular, a través del cual se obtuvieron los datos del titular de la línea.
De esa forma sencilla la policía llegó a la casa de la calle Holmberg donde al principio tuvieron a Strajman. Atendió María Esther Gottig, esposa de Alberto Juan Sommaruga, propietarios de la vivienda y reconoció que el teléfono le pertenecía. Pero la embarró más aún cuando intentó aclarar y mencionó que su hijo lo utilizaba para “trabajar”. Terminó detenida junto a su marido y sus hijos, Adrián y Pablo, y el resto de los sospechosos, uno de ellos llamado Diego Sibio –hijo solo de Gottig- y otros que no pertenecían a la familia.
La policía ordenó cuidadosos allanamientos. Uno fue clave para llegar a la vivienda de Pilar y poder liberar a Ariel Strajman. En otros pudieron secuestrar dos pistolas calibre nueve milímetros, otra 11.25, un revólver Magnum 357, un 32 con numeración adulterada y una ametralladora Mini Uzi automática de fabricación israelí.
Todos fueron imputados desde el comienzo por los delitos de “secuestro extorsivo, asociación ilícita, tormentos, con el agravante de odio racial, lesiones gravísimas, uso de documento de identidad falsificado y tenencia ilegal de armas de guerra”. María Esther Gottig fue alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza y los hombres en el penal de Villa Devoto. Dos años más tarde, la última semana de setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 1 que por entonces estaba integrado por Mario Gustavo Costa, Martín Federico y Jorge Gettas dictó sentencia: 22 años de prisión para Adrián Sommaruga; 16 para su hermano Pablo; 14 para Osvaldo Keroa; seis para María Esther Gottig; cinco para Alberto Sommaruga y Diego Sibio; y tres para Nicolás Barlaro.
Durante el juicio, el contraste entre la víctima y los acusados fue brutal. Ariel, de traje oscuro y voz temblorosa, describía las noches sin luz, los insultos, el dolor. Del otro lado, los imputados se mostraban serenos, casi altivos. En sus declaraciones, ninguno mostró arrepentimiento real.
La justicia los calificó como una organización “que actuó con extrema frialdad y desprecio por la vida humana”. El caso fue emblemático porque marcó un cambio en el mapa criminal argentino. Ya no eran bandas marginales las que secuestraban, sino grupos con educación, contactos y ambición económica. Los investigadores compararon su estructura y su método con aquellos secuestros familiares de los ochenta que habían conmocionado a la sociedad, aunque esta vez sin la solemnidad de un clan ni la mística de un apellido como el de los Puccio, por ejemplo. Era el reflejo de un tiempo en el que todo parecía posible, incluso lo impensado.
Para Ariel las noches seguían siendo un campo minado. En 2020, el apellido Sommaruga volvió a escena: Pablo, con la condena ya cumplida por el secuestro de Strajman, vivió un acto de agresión mientras gozaba de salidas transitorias de la Unidad 14 de Esquel en una causa por portación de armas. Sucedió en las inmediaciones del barrio Vepam cuando vecinos lo increparon y lo golpearon.
En ámbitos judiciales los fiscales aún recuerdan la causa como una de las más complejas de la década. No por su extensión, sino por su impacto emocional. “Ariel fue un testigo de excepción —dijo uno de ellos años después—. No solo narró su cautiverio, también nos obligó a mirar de frente una forma nueva de criminalidad”. El secuestro de Strajman se convirtió en un espejo difícil de mirar donde podía verse el sadismo más cruel.
Él mismo aceptó que no busca revancha, sino olvido. “No odio, pero no quiero ni recordarles la cara”. Y aunque los nombres de sus captores ya forman parte de un archivo judicial, el trauma persiste en él como una sombra imposible de soslayar.