Juan Carlos Insúa y Diego “El Gaucho” Funes están imputados por ser los jefes de dos bandas que ingresaron cocaína a la provincia y la instalaron en Villa Mercedes. De acuerdo a la investigación, en seis meses lavaron 2200 millones de pesos.
En 2019 Juan Carlos Insúa hizo campaña para que Alberto Fernández fuera elegido como presidente de la Nación. Y en 2017 acompañó a Florencio Randazzo en su candidatura por el Frente Justicialista Cumplir en las elecciones legislativas de 2017. Militaba con el kirchnerismo desde los sindicatos donde nunca ocupó un cargo directivo.
No es preciso desde cuándo, pero las rutas de San Luis le dieron la tranquilidad para transportar droga sin correr riesgos, y en la provincia encontró impunidad para moverse. Un hecho concreto hizo que desembarcara en Villa Mercedes y que rápidamente reforzara el vínculo con personajes de la ciudad. Usó sus contactos en Buenos Aires para impulsar una idea que no tardó mucho en concretarse.
El 31 de enero de 2023, las autoridades del Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleado de Carne y Afines (SOFECA) crearon la delegación San Luis y designaron a Insúa como delegado normalizador.
De la misma forma, ese mismo mes, la Federación de Trabajadoras y Trabajadoras Agrarios (FeTARA) creó la delegación normalizadora en San Luis, y también lo designó a él como encargado del proyecto.
Para la Fiscalía Federal, fue “la chapa” que le permitió desarrollar su actividad delictiva.
Una de las acciones como dirigente de FeTARA fue (según consta en un contrato como locador) el alquiler de un predio de 12 hectáreas situado a las afueras de la ciudad. Precisamente entre las rutas 8 y 33 (kilómetro 1). El propósito era utilizar las instalaciones para actividad sindical, y transformarlas en un camping. Pero en realidad lo usó para sus maniobras delictivas, como un búnker. En el documento que firmó dice que tenía un domicilio en Villa Mercedes, sobre calle Lavalle al 1800.
La quinta que alquiló Insúa como normalizador de un sindicato en Villa Mercedes.
Hasta ese lugar llegaba Insúa, resguardaba el material estupefaciente, y se encontraba con Diego “El Gaucho” Funes para entregárselo: a veces cinco kilos y otras un poco más (de manera semanal y a consignación). Siempre convenían un encuentro de noche. El punto era estratégico para llevar adelante el pacto. No solo porque tiene acceso a las rutas 7, 8 y 33, sino porque se encuentra casi pegado a la quinta de Funes. Uno al lado del otro, prácticamente. La supuesta sede del sindicato era una casa con cuatro habitaciones, cocina-comedor, baño, media hectárea de parque con un tanque australiano convertido en pileta para 100 mil litros de agua. También tiene galpones.
Un asador y la pileta al fondo.
Esa fue una de las propiedades allanadas el 21 de mayo por Gendarmería Nacional y la Policía de San Luis. Aunque Insúa lleva detenido 1 año, los investigadores levantaron evidencia, y fotografiaron los espacios que supieron contener la droga. Por el frente pasa la ruta 33, y desde afuera se puede ver al fondo una pilera redonda y un asador. Se nota que está deshabitado. La estructura está rodeada de campos.
La casa alquilada por Insúa,
El de él y el de Funes: dos terrenos que muchos describieron como los campos “de merca”.
La quinta de Funes que todos conocían por sus jineteadas.
Para Insúa, Funes era el “Gauchómetro” por el ritmo que tenía con la venta, y significó para su “empresa”, que había organizado con Raúl Ramallo, una expansión del negocio. “En tres meses estamos en otra galaxia”, se entusiasmaba Insúa cuando hablaba con el socio, poco antes de ser detenido. Estaba construyendo “el propio imperio”.
“Quinta Las Palmeras” se llama la propiedad de Funes. Está situada sobre calle Nelson 2904, y su dirección trascendió en las redes sociales cuando comenzó a organizar eventos en su campo de jineteada.
En septiembre del 2024 celebró los 6 años de su tropilla “La luz mala” con un festival de jineteada. Y lo mismo hizo el año anterior para el aniversario. Todo se concentró en el centro de su campo, con escenario, con gazebos, con banderas, con guitarras, con mucha destreza criolla, con 40 jinetes en escena. La que se realizó el 15 de septiembre pasado puso en juego premios en efectivo para las diferentes categorías.
Diego Funes en una de las jineteadas que hizo en su campo.
Para la investigación ese fue el “centro de operaciones” de Funes, porque es donde distribuía la droga a los revendedores que tenía instalados en los barrios Eva Perón I y II. Lo administraba su suegra, Rosa Oga, quien vivía ahí.
Cuando Funes pidió la excarcelación (que se la denegaron) dijo que su poder adquisitivo provenía de las jineteadas que organizaba, y además porque es comisionista de hacienda, actividades por las cuales percibe aproximadamente ocho millones de pesos al mes. Sin embargo, para el Ministerio Público Fiscal no puede comprobar cómo compró el campo o los vehículos que le secuestraron: cinco camionetas 4 x 4 de último modelo.
La quinta de Funes que allanó la Policía de San Luis y Gendarmería Nacional.
Los dos están procesados los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, y agravada por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlos (contemplados en el artículo 7 de la ley 23.737, en relación los artículos 5, inciso ‘c’, y 11, inciso ‘c’). La conducta que desplegaron tiene una pena que va de 8 a 20 años de prisión. Los dos como organizadores. Sin bien cada uno tenía su propia estructura, se los acusa de haber actuado de manera coordinada para el ingreso de la droga a la provincia.
Fueron investigados durante 6 meses, y la ganancia que manejaron en ese tiempo asciende a los 2200 millones de pesos.
De la investigación se desprende que Funes llevaba adelante este negocio hace por lo menos 4 años, y que mantuvo contacto no solo con Insúa, sino con otras líneas para proveerse de droga.