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sábado, junio 15, 2024
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Su hija tomó la escuela hace un año y ahora les exigen pagar 1,4 millón de pesos

  • Se los reclama la Procuración porteña a la familia de una ex alumna de un colegio de Barracas.

Hace cinco días, Juana D, una alumna de 16 años que en 2022 cursaba en el Instituto Superior de Formación Artística Manuel Belgrano, posteó en sus redes sociales la foto de una notificación que le llegó al domicilio de su madre, cuyo remitente es del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el cabezal se lee: “Inicia demanda por daños y perjuicios”.

Debajo de la imagen, la joven escribió: “Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi 3 millones de pesos en forma de ‘resarcimiento’, porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeros del ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios”, dice textual el primer párrafo de la joven que hoy estudia en otra institución.

“Una vez más el Gobierno (porteño) opta por la persecución a los derechos estudiantiles de protestar contra un sistema que en vez de resguardarnos decide mirar para otro lado y esconderse… Que la gente se entere que el GCBA criminaliza los reclamos de los estudiantes”, afirmó Juana en su publicación, que generó repercusión y revuelo.

“Pintamos la fachada del colegio, limpiamos y pintamos baños y aulas”, explicó lo realizado durante los días que se adueñaron del colegio.

Los 2,8 millones de pesos que remarca la demanda enviada por el GCBA tuvieron como destinatarios en realidad a dos madres. Brenda, la madre de Juana, la joven que decidió hacerlo público en sus redes sociales, y otra adulta que no quiso dar su nombre ni tampoco hablar.

“Es 1,4 millón de pesos por familia”, aclaró. Los montos son distintos, de acuerdo a los daños producidos y a los días sin clases de cada establecimiento.

"Inicia demanda por daños y perjuicios", dice en la parte superior de la notificación que recibió la madre de una alumna que tomó el colegio Belgrano.“Inicia demanda por daños y perjuicios”, dice en la parte superior de la notificación que recibió la madre de una alumna que tomó el colegio Belgrano.

Aquellas tomas, estas demandas

El 24 de septiembre de 2022, alumnos del Mariano Acosta tomaron el colegio y, luego, como efecto dominó fue sucediendo lo mismo en distintos establecimientos de la ciudad. Los estudiantes justificaban la acción, principalmente, en tres puntos: pedían por mejoras edilicias, exigían mayor calidad en las viandas y denunciaban falta de limpieza y la presencia de roedores.

Una imagen de la toma del colegio Manuel Belgrano, el año pasado. Una imagen de la toma del colegio Manuel Belgrano, el año pasado.

A fines de octubre del año pasado, semanas después de que volviera la normalidad a los colegios, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta informó que había denunciado penalmente a 240 madres y padres de las escuelas porteñas que fueron tomadas por estudiantes.

“Están en curso varias denuncias por daños y perjuicios por un monto total de 61.045.571 pesos”, informó este lunes a Clarín el Ministerio de Educación.

Hasta ahora “se han notificado a 67 adultos responsables por la toma de cinco instituciones educativas y está en proceso de notificación a otros 13 padres por la toma de otras tres escuelas”, hicieron saber desde el Ministerio de Educación. “A estas notificaciones se sumará el resto de los procesos iniciados a medida que vayan siendo ordenados por cada uno de los jueces”.

Imágenes del Instagram de la alumna Juana D., en la que se ve a estudiantes del Belgrano limpiando los baños.Imágenes del Instagram de la alumna Juana D., en la que se ve a estudiantes del Belgrano limpiando los baños.

“Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad“, había dicho la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña.

El Ministerio de Educación había enviado a la Procuración General porteña un informe técnico que “cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas”. Y también había hecho llegar los costos diarios calculados para mantener abiertas las escuelas.

“Hay un sesgo ideológico”

“La verdad es que fue un baldazo de agua fría. A mí no me llegó directamente a mi domicilio, sino que me enteré por la madre de otra estudiante a la que le enviaron la denuncia y se me mencionaba. Para las dos familias el monto de la penalidad, según dice la denuncia, es de poco más de 2.800.000 pesos”, le cuenta Brenda, la mamá de Juana D., a Clarín.

Brenda, que trabaja en el Estado como restauradora, está aún sorprendida y dice que “también se comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal para representarme legalmente, y me pidieron que no lo hiciera público”.

“Se nos acusa de ser los responsables parentales de los estudiantes que, supuestamente, causaron daños y perjuicios. ¿Por qué me llegó a mí? Porque, en su momento, mi hija firmó el acta y se hizo responsable cuando tomaron el colegio”, señaló.

El Lengüitas, otro de los colegios tomados el año pasado. Foto: Marcelo Carroll / ArchivoEl Lengüitas, otro de los colegios tomados el año pasado. Foto: Marcelo Carroll / Archivo

“El expediente que me enviaron, que tiene 27 páginas, explica entre otras cosas cómo llegaron a la cifra de 1.4 millón de pesos por familia, pero la verdad es que no sé cómo hicieron los cálculos. Además, el Gobierno de la Ciudad señala que la toma (en el Belgrano) fue entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre y no fue así, no fue esa cantidad de días…Evidentemente hay un sesgo ideológico en todo esto”, afirma Brenda, que en los próximos días se reunirá con su abogado.

No vacila Brenda cuando se le consulta: “Yo apoyé las tomas de los colegios. Por supuesto que banco a mi hija y a todos sus compañeros. Las tomas no se produjeron porque estaba de moda tomar un colegio… Tampoco sucedió de un día para el otro, sino que los pibes fueron tomando una serie de medidas que, con el tiempo, desembocaron en las tomas”.

Hace un año los alumnos daban explicaciones ante los medios en la Escuela de Cerámica. Foto: Luciano Thieberger / ArchivoHace un año los alumnos daban explicaciones ante los medios en la Escuela de Cerámica. Foto: Luciano Thieberger / Archivo

Preocupada, Brenda dice que no dispone de dinero para pagar. “Tengo que hablar con mi abogado, pero me van a tener que despellejar, no tengo nada… Si bien me sacudió esta noticia, que es una locura, en el fondo creo que no va a prosperar. Comenta que habló con Juana, su hija, “y ella está golpeada, se pone en mi lugar y se siente culpable… Cuando llegó la notificación, le comenté, hizo catarsis y lo publicó en sus redes”.

Dice que se siente “un chivo expiatorio”, pero que en unos días “nos juntaremos con los padres de los demás alumnos que hacían el mismo reclamo que mi hija y veremos cómo nos organizamos colectivamente y qué medidas adoptaremos. Y confío que tendré el apoyo de ellos, pensá que en el Belgrano llegaron a haber unos 120 alumnos en las tomas“.

“Tiene consecuencias”

Desde el Ministerio de Educación manifestaron a este diario que “las tomas, que en 2022 fueron en 27 establecimientos, no sólo impidieron el normal dictado de clases, sino que además implicó la pérdida de gobierno por parte de las máximas autoridades escolares, o sea el equipo directivo”.

La ministra de Educación Soledad Acuña, en una conferencia de prensa del año pasado, cuando se refirió a las tomas de colegios. Foto: Andrés D'Elía / ArchivoLa ministra de Educación Soledad Acuña, en una conferencia de prensa del año pasado, cuando se refirió a las tomas de colegios. Foto: Andrés D’Elía / Archivo

Desde la cartera educativa porteña respondieron que “es la Procuración General la que reclama el valor correspondiente al pago de salarios del personal docente por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”.

En el Ministerio se refieren a las tomas como “acciones ilegítimas ante la falta del ejercicio de la responsabilidad parental de los adultos, a quienes, actualmente, la Procuración responsabiliza por los daños ocasionados”.

Clarín pudo acceder a la ministra Acuña, que sobre el tema concluyó: “Es nuestra obligación como adultos enseñarles a nuestros hijos y a los estudiantes el concepto de responsabilidad y la idea de que las acciones tienen consecuencias. Desde el principio advertimos que si las familias acompañaban a sus hijos menores de edad en la toma de escuelas, eran ellos los que iban a tener la responsabilidad de pagar por esas consecuencias”.

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