El Tribunal Oral Federal resolvió la situación de Juan Cruz Albarracín y Andrea del Valle Escudero Hernández que fueron investigados y ahora condenados por un escandaloso caso que se originó en julio del 2020.
El abogado Juan Cruz Albarracín y su pareja escribana, Andrea del Valle Escudero Hernández, que están envueltos en un escándalo judicial en Villa Mercedes, fueron sentenciados a ejercer no su profesión por el término de un año y, además deberán multados a pagarle por separado, 400 mil pesos a la asociación civil “Carita de Ángel”.
La resolución fue adoptada el 8 de mayo por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad y se constituyó en un nuevo revés para los conocidos letrados que fueron investigados por los delitos de “Estafa procesal en grado de tentativa”, “Falsificación de documento privado”, “Falsedad ideológica” y “Tráfico de influencias agravado”, en un intento por recuperar casi 19 millones de pesos que la Policía le había secuestrado a una familia investigada por lavado de dinero. Además, fueron acusados de tratar de “coimear” a un juez.
La sentencia del Tribunal
1- Suspender el Juicio a Prueba por el término de un (1) año respecto al imputado Juan Cruz Albarracín y de la imputada Andrea del Valle Escudero Hernández, cuyo mantenimiento queda sujeto al cumplimiento por parte de las personas nombradas de las reglas de conducta que se enumeran a continuación, con arreglo al régimen de los arts. 76 bis y 76 ter del C.P. y art. 293 CPPN.
2- Disponer que Juan Cruz Albarracín durante el término de la suspensión deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta: a) la Autoinhabilitación Especial para ejercer la función pública por el término de un (1) año (artículo 256 bis, 2° párrafo del Código Penal); b) Fijar residencia e informar al tribunal cualquier cambio de ésta, dentro de las 48 horas de producido; c) someterse al control del Instituto Provincial de Reinserción Social I.P.R.E.S.; d) Abonar a la Asociación Civil, Merendero Comedor Carita de Ángel, con domicilio en calle Olagaray N° 1222 de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000) pagadera en diez cuotas mensuales y consecutivas de pesos cuarenta mil ($40.000) cada una. Todo ello bajo apercibimiento de revocar el presente decisorio en caso de incumplimiento injustificado.
3- Disponer que Andrea del Valle Escudero Hernández durante el término de la suspensión deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta: a) La Autoinhabilitación Especial para ejercer la función notarial por el término de un (1) año, (artículo 20 inc. 3° del Código Penal); b) Fijar residencia e informar al tribunal cualquier cambio de ésta, dentro de las 48 horas de producido; c) someterse al control del Instituto Provincial de Reinserción Social I.P.R.E.S.; d) Abonar a la Asociación Civil, Merendero Comedor Carita de Ángel, con domicilio en calle Olagaray N° 1222 de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000) pagadera en diez cuotas mensuales y consecutivas de pesos cuarenta mil ($40.000) cada una. Todo ello bajo apercibimiento de revocar el presente decisorio en caso de incumplimiento injustificado.
Embargo por 10 millones de pesos
Cuando el juez Federal Juan Carlos Nacul les dictó el procesamiento en los primeros meses del 2024, Albarracín y Escudero Hernández fueron embargados por 10 millones de pesos para “cubrir gastos y costas procesales, por lo que debían depositar u ofrecer bienes suficientes en caución”.
La investigación contra los profesionales empezó por una requisa que hizo la Policía de Buena Esperanza el 8 de julio de 2020. Por entonces regían las restricciones contra la propagación del coronavirus. Por eso los efectivos de la Comisaría 19ª inspeccionaron tres camionetas en las que viajaba una familia, por la autopista 55.
Los ocupantes explicaron que volvían del límite de la provincia de Córdoba. Habían ido a comprar un campo, pero no pudieron concretar la operación.
Los agentes revisaron los rodados y les encontraron 18.670.000 pesos, armas de fuego y municiones. Todo fue incautado y la familia fue trasladada a la comisaría.
Albarracín, su abogado, se presentó en la seccional a las 22 para tramitar su liberación. A partir de ese momento, arrancó una causa penal que, poco después, terminó en la Justicia Federal por considerar que los ocupantes de las camionetas eran sospechosos de lavado de activos.
Las averiguaciones de la Fiscalía concluyeron que luego Albarracín les había pedido plata a tres de los integrantes de la familia investigada para pagarles a dos personas de San Luis para ejercer “indebidamente influencia sobre el juez a cargo de la causa (Nacul) y obtener la devolución del dinero incautado”.
Después el fiscal estableció que el abogado quiso intervenir en dicha causa porque su pareja había participado en la compraventa del campo, para evitar, así, que Escudero Hernández tuviera problemas por su rol como escribana en esa transacción.
Sin embargo, las pruebas le indicaron al fiscal que la mujer insertó una declaración falsa en la escritura de la venta del campo de La Candelaria. Habría consignado que la operación fue efectuada por 4 millones de pesos cuando lo fue por casi 20 millones. También refirió que el vendedor recibió el dinero antes del acto notarial, cuando no fue así, porque la cancelación de la compraventa fue en efectivo y ante los ojos de la escribana acusada.